IRÁN ENDURECE LA REPRESIÓN EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

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Según un informe de Amnesty International publicado este martes, la represión a la libertad de expresión en Irán se ha endurecido fuertemente al acercarse la fecha de los comicios previstos para el 2 de marzo.

El documento, de 71 páginas, tiene un título que dice mucho -We are ordered to crush you: Expanding Repression of Dissent in Iran (Tenemos la orden de aplastarlos: expandiendo la represión a la disidencia iraní)- y denuncia que el régimen islámico ha incrementado, en los últimos meses, sus acciones destinadas a frenar toda expresión crítica, lo que se ha traducido en un gran número de arrestos, de los que han sido víctimas desde abogados a familiares de activistas e incluso de corresponsales de medios extranjeros, pasando por estudiantes, periodistas, militantes políticos, miembros de minorías religiosas y étnicas, cineastas y personas con contactos internacionales, especialmente en el área de la comunicación.

"Actualmente, en Irán, hacer cualquier cosa que se salga de los límites, cada vez más estrechos, de lo que las autoridades consideran social o políticamente aceptable supone ponerse en peligro", explicó Ann Harrison, directora adjunta interina de Amnesty para Medio Oriente y Norte de África. "Se puede acabar en la cárcel por cualquier cosa: crear un grupo social en Internet, unirse a una ONG o expresar oposición a la situación actual. Esta terrible situación pone claramente de manifiesto la hipocresía de los intentos del Gobierno iraní de mostrar solidaridad con quienes protestan en Egipto, Bahréin y otros países de la región", agregó.

El informe de Amnesty denuncia que tras las protestas convocadas por los líderes del movimiento opositor Mir Hossein Musavi y Mehdi Karubi en febrero de 2011, las autoridades iraníes han ido aumentando paulatinamente la represión de la disidencia, tendencia que se aceleró drásticamente en los últimos meses.

Los propios Mousavi y Karubi, derrotados con métodos fraudulentos en las elecciones de 2009 -cuando el actual presidente Mahmud Ahmadinejad obtuvo un segundo período-, están en detención domiciliaria desde febrero del año pasado y sus contactos con el exterior son restringidos.

Ahora, la represión se ha orientado especialmente a los medios de comunicación digitales, que representan para el régimen una gran amenaza. Google fue calificado como "una herramienta de espionaje" por una autoridad policial. El Gobierno creó, además, una ciberpolicía para vigilar los cafés que ofrecen servicio de Internet: éstos son obligados a instalar circuitos de video-vigilancia y a registrar la identidad de cualquier persona que desee usar sus computadoras.

Recientemente, además, el bloguero Mehdi Khazali fue condenado a 4 años y medio de prisión, más 10 años de "exilio interno" y una multa por cargos tales como "difundir propaganda contra el sistema", "reunirse y conspirar contra la seguridad nacional" e "insultar a las autoridades".

Abdolfattah Soltani, miembro fundador del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fue detenido en septiembre, entre otras cosas, por el "delito" de haber aceptado un premio internacional. Está, como tantos otros prisioneros políticos, en la cárcel de Evin a la espera de ser juzgado y bajo amenaza de una condena a 20 años.

Su caso es una muestra de la intensificación del hostigamiento, la detención y el encarcelamiento de activistas defensores de los derechos humanos.

En las últimas semanas, la BBC denunció que familiares de trabajadores de su cadena en persa habían sido hostigados con arresto y retiro de sus pasaportes.

Según Amnistía Internacional, este crescendo en los ataques contra la disidencia se produce en un contexto más general de empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Irán. Por ejemplo, en 2011 hubo aproximadamente el cuádruple de ejecuciones públicas que en 2010, una práctica a la cual apelan las autoridades como mecanismo de amedrentamiento de toda la población.

La ONG calcula que, en el último año, cientos de personas fueron condenadas a muerte en Irán, la mayoría, por presuntos delitos de drogas y entre ellos, algunos menores de 18 años, algo expresamente prohibido en tratados internacionales de derechos humanos de los que Teherán es signatario.