COSTA RICA: CONAVI GASTÓ ¢6.000 MILLONES EN TROCHA DE MANERA CONFIDENCIAL

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Antes de que existiera un decreto de emergencia, el Conavi se arrogó la potestad de gastar ¢6.000 millones sin convocar a concursos públicos para ejecutar la primera etapa del proyecto de trocha fronteriza.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) contrató maquinaria privada a discreción, entre diciembre del 2010 y marzo del 2011, "enmarcado en un régimen de confidencialidad que exigió el Ministerio de Seguridad".

Así lo dijo Carlos Acosta, entonces director ejecutivo del Conavi, en una sesión de Junta Directiva, celebrada el 8 de marzo anterior.

De acuerdo con el acta de esa reunión, la entidad primero contrató maquinaria privada para atender las rutas que comunican el puesto fronterizo de Delta Costa Rica (norte de Sarapiquí) con las localidades de La Aldea de Sarapiquí y Puerto Lindo de Pococí.

Luego, ante otra solicitud de Seguridad, los trabajos se extendieron a otros puestos fronterizos. Esa fue la primera etapa del proyecto 1856, conocido como la trocha paralela al río San Juan.

En el acta, Acosta sostuvo que las obras fueron financiadas con dinero del Conavi y que, posteriormente, fueron amparadas por el decreto de emergencia que la presidenta Laura Chinchilla emitió el 7 de marzo del 2011, el cual permitió contratar sin concurso.

José María Tijerino, ministro de Seguridad durante la época en que se inició el proyecto, consideró normal que las obras se hicieran con la mayor reserva: "No podíamos informarles a los nicaraguenses en qué iba a consistir la defensa del territorio nacional", argumentó.

Al cuestionársele si existió un acuerdo del Consejo de Gobierno que declarara la confidencialidad, respondió: "Yo no recuerdo; cualquier cosa que le diga sería esforzar demasiado la memoria y pecaría de impreciso, pero no pude haber girado ninguna instrucción al Conavi, porque no podía darle órdenes".

Desde Montevideo, Uruguay, donde hoy funge como embajador, Tijerino dijo que él asistía a reuniones en el Conavi como invitado a opinar sobre asuntos de defensa nacional, no de ingeniería.

Hoy, la construcción de esta carretera es objeto de una investigación judicial por un presunto pago de dádivas a funcionarios del Conavi, además de que el proyecto se ejecutó sin planos y sin controles ambientales.

Pese a los más de ¢22.000 millones invertidos, hoy la obra está en riesgo de colapsar ante el invierno debido a errores de construcción.

"Alto nivel". En la sesión del 8 de marzo del Conavi, celebrada con el fin de gestionar más fondos para la 1856, Acosta dijo que el proyecto surgió en respuesta a la invasión nicaraguense a isla Calero (extremo caribeño de la frontera).

"Así nació el proyecto, por seguridad nacional, y bajo ese esquema estaba enmarcado dentro de un régimen de confidencialidad que exigieron el Ministerio de Seguridad, la Presidencia de la República y el Consejo de Seguridad Nacional; las decisiones que se tomaron fueron de muy alto nivel", dijo Acosta.

"Dentro de todo este esquema se da una solicitud concreta del Ministerio de Seguridad Pública y una instrucción del ministro de Obras Públicas –Francisco Jiménez– (...) Según lo planteaba el señor ministro de Seguridad, en ese momento el señor Tijerino, era un riesgo grave para el país".

Mauricio Boraschi, viceministro de la Presidencia, dijo ayer que el Consejo de Seguridad nada tuvo que ver en las decisiones técnicas y de financiamiento del Conavi.

Por su parte, María Lorena López, exviceministra de Obras Públicas y exvicepresidenta del Conavi, dijo que la Junta Directiva de esa institución no sabía de los ¢6.000 millones invertidos, pero aclaró que no necesariamente tenía que saberlo porque el director ejecutivo tiene la potestad de decidir sobre inversiones en rutas de lastre.