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DELEGADA ANULA DE DERRIBAR 80 VIVIENDAS PERO ANUNCIA QUE UNA COMISIÓN TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA


Residentes del barrio 18 de Mayo apedrearon este jueves a funcionarios de la Alcaldía de Managua que recibieron la orden, de la delegada distrital Jennifer Porras, de derribar 'una fila de casas' en las que viven unas 80 familias, según denuncia de los quejosos.

Las piedras no dañaron a los funcionarios pero revelaron el estado de zozobra y malestar que hay entre cientos de familias que temen perder sus casas y la inversión hecha a causa de la amenaza de derribar las viviendas y mandarlos a los refugios gubernamentales.

Los quejosos presentaron una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en la que dicen que las brigadas de rescate del gobierno están sacando a personas que viven en la zona que ellos consideran está fuera de peligro.

Scarlett Navarrete, dueña de una vivienda, dijo que el barrio 18 de Mayo nació hace 20 años y está debidamente reconocido por la Alcaldía de Managua. Ella y un grupo de residentes que la acompañaron mostraron testimonios de sus escrituras debidamente registradas ante las autoridades judiciales.

Agregó que la mayoría de esas viviendas tienen valores de $20,000 dólares por el tipo de construcción y ubicación de estas. El barrio cuenta con los servicios de agua potable y drenaje, energía eléctrica y comunicaciones telefónicas, proporcionado por la Alcaldía, ENACAL, Dissnorte-Dissur, y empresas privadas.

La Alcaldía también pavimentó una calle que los separa del cauce y que mejoró la circulación vehicular.

A su vez, dijeron los residentes del barrio, las personas que fueron víctimas del deslave ocupaban un área más pequeña junto al cauce, en donde no estaba autorizado construir.

'Estamos en zozobra, nosotros compramos allí, gastamos nuestros ahorros en construir', agregó Navarrete, quien dirigiéndose a la presidencia agregó: 'Por favor que se pongan la mano en la conciencia y nos digan qué va a pasar con nosotros'.

La joven mujer aseguró que está a punto de perder su trabajo porque hace cuatro días se ausentó para defender su propiedad.

'No queremos ir a los albergues. Los albergues están llenos y nos dicen que hay maltratos', apuntó.

Dijo que las brigadas de la Alcaldía y otras instituciones han botado casas de concreto. 'Nosotros estamos más largo del cauce que los residentes de Lomas del Valle cuyas últimas casas están a 10 metros (del cauce) y nosotros a 100', dijo.

El problema indicó Navarro es que 'no nos dicen nada, nadie nos ha dicho nada…'

A su vez, Jorge Castillo, otro de los residentes del barrio 18 de Mayo, denunció que la delegada distrital de la Alcaldía, Jennifer Porras, llegó y sin darles una explicación, ordenó derribar 'toda esta fila de casas', en la que hay 80 viviendas construidas.

Una de las casas 'sentenciadas' por Porras es la de Castillo.

'Mi casa está a 50 metros del cauce, fuera de la zona de riesgo, y dicen que a los de la fila de casas nos van a desalojar', agregó Castillo, quien urgió el apoyo de las autoridades para impedir la destrucción ordenada.
Castillo dijo que la delegada de la Alcaldía no conversó con ellos, sólo dijo 'toda esta fila de casas van de viaje', en cambio agregó, 'las últimas casas de Lomas del Valle están a metritos del cauce y no los mueven'.

'Estamos de acuerdo que saquen a las personas que están en la zona de riesgo, pero ahora van con nosotros. Esperamos que se reúnan con nosotros y nos expliquen lo que está pasando', apuntó. Pero ninguna autoridad, ni la delegada Porras, se han acercado a hablar con ellos.

En declaraciones a medios oficialistas, la delegada de la Alcaldía de Managua negó que haya ordenado derribar las casas y que sólo están evacuando a los que se encuentran más cerca del peligro. Porras expresó además que 'una comisión técnica' hará una posterior evaluación de las viviendas del barrio para decidir qué hacer.

El licenciado Pablo Cuevas, promotor de derechos humanos de CPDH, dijo, tras reunirse con una delegación de los residentes del 18 de Mayo que 'ellos se sienten revictimizados, víctimas de un desastre natural y ahora de las autoridades'.

Agregó que las familias 'están una en situación emocional frágil' porque 'las autoridades los han tratado de la peor manera'.

'No les explican por qué los desalojan, les destrozan sus casas mientras otros les roban sus casas', agregó Cuevas, quien se unió a la demanda de los vecinos de que Jennifer Porras, la delegada distrital de la Alcaldía, les de una explicación.

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