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Economía

SUBSIDIO A ENERGÍA RATIFICA LAS POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNO


El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, expresó que el subsidio a la energía eléctrica, denota la política del gobierno del Presidente Daniel Ortega, en favor de los sectores más desprotegidos y una forma concreta de la intervención del Estado en la transferencia de recursos para sustentar el desarrollo económico y social del país.

El congelamiento de la tarifa, opinó, también debe servir como incentivo al ahorro de electricidad, pues la gente sabe que si consume menos recibe con trato preferencial, pese al encarecimiento de los costos productivos por el alza del petróleo.

Acosta valoró la medida como un gran aporte a la inclusión económica y a la paz social, en contraposición a concepciones neoliberales que en este caso significarían trasladar automáticamente a los consumidores el incremento financiero asociado a los hidrocarburos.

Otros países de Centroamérica, con mayor desarrollo económico, presentan recortes en el suministro de electricidad y hasta hay planteamientos de reducir las horas de clases en las escuelas, comentó.

Según recordó, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) retornó a la dirección del Ejecutivo en enero de 2007, Nicaragua transitaba por un período de contantes apagones por déficit de capacidad instalada para cubrir la demanda eléctrica.

Resuelto el problema con inversiones en nuevas plantas, el gobierno propulsó la ampliación del servicio que permitió pasar del 52 al 72 ciento de electrificación nacional en apenas seis años y cambiar la estructura de generación por el uso de las fuentes renovables de energía, sustentó el economista.

Actualmente, el precio promedio del barril de petróleo ronda los 100 dólares en el mercado internacional, pero la mayoría de las familias nicaragüenses seguirá exenta de mayores pagos por el consumo electricidad: continuará el subsidio estatal.

Por decisión del presidente Daniel Ortega la iniciativa fue remitida este miércoles a la Asamblea Nacional, que en los próximos días deberá pronunciarse sobre la reforma propuesta por el mandatario a la ley de estabilidad energética y todo indica que el Legislativo dará su visto bueno.

La medida plantea extender hasta 2015 la protección vigente para todas las familias con consumos mensuales de electricidad inferiores a 150 kilowatt-hora, que en estos momentos equivalen el 80 por ciento de los hogares.

Dada a conocer en las últimas horas por Rosario Murillo, integrante del Ejecutivo, la disposición es vista aquí como una de las mejores noticias que podía recibir el pueblo, a sabiendas de que buena parte de los habitantes vive todavía bajo el flagelo de la pobreza.

A juicio del titular de Hacienda y Crédito Público, el empleo de las fuentes renovables es uno de elementos que restan presión financiera al país en términos de gastos por factura petrolera y constituye un programa estratégico para la soberanía nacional.

Durante los últimos cuatro años, se redujo en 30 por ciento la participación de los combustibles fósiles en la generación eléctrica, ejemplificó.

De la eficiencia del sector, también depende la creación de condiciones para la competitividad de los productos nicaragüenses, cuyas exportaciones representan un eje clave en el crecimiento del producto interno bruto, que en 2012 creció 5,2 por ciento, según reporte del Banco Central.

Junto a la propuesta de mantener el subsidio, el Gobierno remitió al Parlamento el proyecto de reformar la Ley de Industria Eléctrica, a fin exigir a las empresas distribuidoras más inversiones en las redes, estabilidad y ampliación del servicio a las familias.

De acuerdo con Acosta, la demanda a las compañías es invertir al menos 75 millones de córdobas (más de tres millones de dólares) durante los próximos cinco años para garantizar mejoras en el sistema de distribución.

Con el mismo propósito, el Estado coloca casi 300 millones de dólares, mediante el Programa Nacional de Energía Renovable y Electrificación Sostenible.

Proporcionar electricidad a precios módicos a la mayoría de los hogares es una decisión de alta sensibilidad social: más de 800 mil familias nicaragüenses gozan de la garantía.

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