GUATEMALA: LEY PENARÍA ROBO Y VENTA DE CELULARES

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Esta es la tercera propuesta que se presenta en el Congreso para prevenir y reducir el robo de aparatos móviles, ya que se registra un promedio de 30 por hora, según el Ministerio Público.

Nineth Montenegro, diputada de EG, detalló que a diario se denuncia el robo de 279 celulares, "incluso decenas de personas pierden la vida", razón por la que se hace necesario crear sanciones que persuadan a los delincuentes.

La iniciativa contempla penas que van de cuatro a ocho años de cárcel, y multas de Q40 mil a Q250 mil, según la gravedad de la falta cometida.

Además, crea un delito para castigar el uso de terminales móviles en centros de detención. Se propone sancionar al reo que haga uso de un celular en la cárcel, así como a quien facilite estos aparatos a una persona en prisión preventiva o en cumplimiento de una condena.

"Vamos a darle dientes y colmillos al Ministerio Público, porque hasta el momento no tienen y se les dificulta mucho combatir a los delincuentes que se dedican al robo de celulares. Por lo anterior se buscan reformas al Código Penal", afirmó la parlamentaria.

De aprobarse la normativa, se sancionará a quien altere, reemplace, falsifique o duplique de cualquier modo un celular. Además, se considera delito la comercialización, almacenamiento, transporte, distribución, suministro, venta o expendio de un teléfono que haya sido reportado robado.

Descontento

Aunque más de 20 organizaciones sociales han apoyado la creación de una ley que prevenga el robo de celulares, la iniciativa de Montenegro no fue bien recibida.

"La ley que se apruebe debe ser integral. Si bien el Ministerio Público (MP) requiere delitos qué perseguir, no puede plantearse una iniciativa en la que se retire la obligación de registrar todos los aparatos móviles que están en el país", resaltó Eleonora Muralles, directora de la Fundación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro.

Agregó: "El problema es que cuando un teléfono sea robado y se le cambie el número de IMEI -Identidad Internacional de Equipo Móvil-, no aparecerá en la lista de teléfonos robados y tampoco podrá buscarse en una lista blanca, porque no existirá, por lo que la aplicación de la normativa sería complicada".

Mónica Leonardo, analista jurídica del Movimiento pro Justicia, refirió que se ha apoyado la creación de una ley, pero considera que no puede hacerse por separado.

"En la actualidad solo existe la lista de los teléfonos que han sido reportados robados, y eso ha limitado la investigación. Además, no es lógico que se cree un delito cuando no podrá perseguirse porque los asaltantes podrán cambiar sin ninguna limitante los datos del aparato", agregó Leonardo.

"Me sorprende que la diputada haya presentado una iniciativa que aún se estaba discutiendo en una mesa que ella misma convocó", indicó el portavoz y asesor legal de las empresas de telefonía, Ricardo Sagastume.

Señaló que la mesa de discusión, en la que participan más de 20 organizaciones sociales, las empresas de telefonía celular, el MP y diputados de diferentes bancadas, se reunirá este lunes para discutir la propuesta de Montenegro.

Otros intentos

En abril del 2011 el entonces diputado Francisco Contreras presentó la iniciativa 4306, ley de registro móvil para la prevención del robo de celulares y la extorsión, la cual fue apoyada por varias organizaciones sociales. Aunque se intentó en varias oportunidades aprobarla de urgencia nacional, no contó con el respaldo de los legisladores.

Sagastume aseguró que la propuesta de Contreras estaba incompleta, y "era una copia de leyes de otros países que tuvieron muchos problemas para su aplicación".

Montenegro también presentó en febrero recién pasado una iniciativa con la que se procuraba la creación de un listado de celulares robados y otro de los que están en uso por los ciudadanos, pero no se ha logrado un consenso para su aprobación.

La diputada y segunda vicepresidenta del Congreso aseguró que por la falta de acuerdo presentó la iniciativa, que incluye modificaciones al Código Penal, porque "cada día que pasa se incrementa la cantidad de robos de celulares y de extorsiones y el MP y la PNC (Policía Nacional Civil) carecen de una mecanismo para perseguir este delito, lo cual no puede continuar".

En el 2007 se aprobó una propuesta del diputado Manuel Baldizón para cobrar por minuto el tiempo de llamada.