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LEY 779 CON BUEN SUCESO EN SAN JUAN DE RÍO COCO

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SAN JUAN DE RIO COCO, Madriz.— Albert Aguilar Arauz tiene cuatro años de edad, viste de camiseta verde y botitas de hule, llegó a al juzgado de este municipio junto a su madre, una mujer humilde dedicada a las tareas del hogar en el campo.

Su presencia en esa judicatura intenta lograr que el padre de Albert, un agricultor de esa región, pague la pensión alimenticia que por derecho le corresponde al menor. Para eso ambos (niño y madre) tuvieron que viajar por más de dos horas al “raid” en la tina de una camioneta, atravesando caudalosos ríos y resistiendo una copiosa lluvia.

Por esos casos --asegura el doctor Exile Valle Escorcia, Juez Local Único de San Juan de Rio Coco-- “es justa y necesaria la aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres”.

Escenas como esas se repiten día tras día en los distintos juzgados locales únicos del interior de nuestro país, en donde jueces, fiscales, secretarios judiciales, defensores públicos y personal administrativo libran una batalla para erradicar la irresponsabilidad paterna, flagelo que afecta el desarrollo de mujeres y niños.

“En este juzgado once hombres han incumplido los deberes alimenticios, eso refleja la irresponsabilidad paterna y es manifestación del machismo imperante en las zonas rurales de nuestro país, que constituye una agresión a la integridad de las mujeres y sus hijos”, manifestó el doctor Valle Escorcia.

Poca sensibilidad
Para el judicial los cuestionamientos contra la ley 779 reflejan la poca sensibilidad ante el problema y la falta de compromiso para reivindicar los derechos de las mujeres, producida por la falta de conocimiento de la realidad que se vive en el campo.

“No es lo mismo criticar la ley desde largo que observar la problemática, conocer el sufrimiento de esos niños y de sus madres, que inclusive son desalojados de sus hogares. No apoyarlos sería un acto de injusticia, los alimentos no esperan”, reflexionó el doctor Valle Escorcia, quien cuenta con seis años de experiencia en ese juzgado.

La licenciada Tania Magdali Carrasco Betancourt, fiscal auxiliar del departamento de Madriz asignada a los municipios de Telpaneca y San Juan de Rio Coco, manifestó que a las víctimas de violencia se les ha brindado un total apoyo.

“En ambos municipios mantenemos una buena coordinación, especialmente en la organización de la agenda judicial, ya que tenemos déficit de fiscales en esta zona”, expresó la fiscal auxiliar.

En cuanto al incumplimiento de deberes alimentarios, la representante del Ministerio Público en esos dos municipios indicó que “nosotros ejercemos la acción penal, presentamos la acusación, una vez radicada en el juzgado, asistimos a la víctima hasta lograr un sentencia favorable para los afectados”.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, el municipio de San Juan de Río Coco reporta 32 causas, entre estas sobresalen doce por los delitos de intimidación y amenazas, once incumplimiento de deberes alimentarios y tres casos de violencia patrimonial.

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